viernes, 15 de enero de 2010

ROSEMBERG Y LA CUESTION FISCAL

Letra con Filo

ROSEMBERG Y LA CUESTION FISCAL

Miguel Ángel Sandoval


El desenlace del affaire Rosemberg con su cuota de sorpresa abrió otro periodo de discusión en el tema de seguridad. De acuerdo con el informe presentado por el comisionado Castresana, para la solución de la primera parte del caso fue necesario la participación de 300 investigadores o personal de apoyo. En pocas palabras, algo más que los efectivos que existen en el Ministerio Publico para este tipo de trabajo policial.

En otros términos, para la solución de cada uno de los casos que existen pendientes de aclarar y llevar ante los tribunales de justicia, haría falta un contingente de varios miles de investigadores y de recursos logísticos y económicos, que hoy no existen. O sea que tomando en cuenta la ola de violencia y el desbarajuste que existe hoy en la institucionalidad del país, el esfuerzo tendría que ser de primer orden, y tomar medidas dramáticas para abordar el asunto de unos 6,500 casos de crímenes sin solución que a la fecha hay en el país.

Lo que se ha dicho hasta el cansancio se pone en el centro del debate nacional de manera dramática. No tenemos fiscales ni siquiera a nivel del Salvador. No contamos con recursos financieros para abordar el esfuerzo que de manera sistemática se trata de ocultar. Es cierto que hay crímenes, pero la verdad verdadera es que los investigadores del MP están saturados de casos y aparte no cuentan con recursos técnicos ni con la mística necesaria para dar resultados.

Y precisamente este ángulo del problema es el que revelo la solución del affaire Rosemberg. Dicho de otro modo, todas las personas que se felicitan por el hallazgo, deberían entender que la capacidad operativa puesta en función por la Cicig y su comisionado, es casi imposible de poner en marcha en Guatemala por la falta de recursos financieros y por supuesto de personal.

Los investigadores de la Cicig son profesionales que desde sus países han llegado al nuestro por un periodo de tiempo definido, y sus conocimientos, se los llevan de regreso. Salvo que estemos dispuestos a invertir en la seguridad y en la capacitación policial. Pero para ello es indispensable abordar sin más demora una reforma tributaria progresiva, global, que nos permita contar con recursos frescos para la inversión en la seguridad ciudadana, pues de no hacerlo, todo se reduce a deseos irrealizables.

Se trata de optar. O se gasta en policías privadas que hacen la vida menos riesgosa y algo más segura para pocas gentes, aunque con la sensación de estar finalmente prisioneras de la inseguridad. O gastamos en campos pagados en los medios denunciando la falta de seguridad, o le invertimos a la seguridad vía lo fiscal, recursos que por supuesto, deberán ser auditados de manera real, constante, y sobre todo, sin descanso. Eso es lo que hay que poner en la agenda. Lo demás es ganas de hablar por gusto y sin salida.

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