Miguel Ángel Sandoval
En cosa de tres o cuatro días, se armó un escandalete por el precio de las tarifas de energía. El procurador dijo que no la apoyaba y un comité de expertos le corrigió la plana, con una resolución de una de las cortes... La prensa dijo lo que dijo y total, nada. Posición anterior como se dice en los ejercicios de de cualquier disciplina.
Ahora resulta que tenemos una Procuraduría que emite resolutivos que son tirados a la basura por el gobierno en cualquier momento. No hay entonces una institución que defienda los intereses populares. Son los hechos y están solidamente documentados. Queda entonces la certeza que las instancias del estado no sirven cuando se trata de intereses que rebasan el ámbito frío de las leyes, hechas como se sabe, a pedido de los de siempre.
En el caso presente, junto a la nulidad de los resolutivos de la PDH y las declaraciones que no aclaran nada de los funcionarios de gobierno, hay la certeza de que nos están viendo la cada de pendejos.
Digo esto porque el gobierno dice que el aumento va, que no dará marcha atrás, y que envueltos en la bandera defenderán los intereses nacionales y el desarrollo del país. ¿Será? Pero veamos despacito estas afirmaciones. En primer lugar, la energía es hoy por hoy, un asunto de la firma española, que se llama Unión FENOSA, los recursos son nacionales que el gobierno paga o gasta y a empresa cobra y despilfarra.
Y los usuarios somos como más de 13 millones ahorcados por los precios leoninos. Mientras que el subsidio anunciado es para unos cuantos miles de pequeños empresarios, que son sin duda, una minoría, que puede ser productiva, que merece el apoyo pero no en estos términos. No se trata de joder a la mayoría para defender los derechos de una minoría.
Y aquí no se vale preconizar que es un gobierno socialdemócrata, pues hasta donde se ha visto, no hay gobierno con estas características que sea capaz de semejantes despropósitos. Por mi parte apuesto por la nacionalización del sistema eléctrico, desde la generación a la distribución.